Armería de Tucson enfrenta cargos por terrorismo al abastecer cárteles

Un negocio de armas de fuego de Tucson se convirtió ayer jueves en el primero en enfrentar cargos de conspiración y apoyo material al terrorismo por abastecer a los cárteles CJNG y de Sinaloa.

El caso sienta un precedente para que otros establecimientos similares también enfrenten cargos de apoyo al terrorismo, los cuales equivalen a unos 40 años de prisión.Los implicados y el cambio en la acusación

El propietario de la armería de Tucson Grips by Larry, Laurence Gray, y un asistente suyo, Barrett Weinberger, ya enfrentaban el año pasado cargos federales por tráfico de armas; pero un gran jurado les formuló este mes cargos adicionales por conspiración y ayuda material a organizaciones terroristas extranjeras.

El Departamento de Justicia informó que, con los nuevos cargos:

Laurence Gray (65 años) y Barrett Weinberger (73 años) enfrentan hasta 80 años de prisión.

Se contemplan multas millonarias adicionales a la pena corporal.»Contrabando hormiga» y designación terrorista

Contrabando hormiga

Ambos están acusados de promover la venta al menudeo de armas de fuego en su tienda, con conocimiento de que serían llevadas a México mediante “contrabando hormiga” para abastecer principalmente al CJNG.

Esa conspiración fue posterior a febrero del año pasado, fecha en que el Departamento de Estado de EE. UU. designó formalmente a ambos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.El desglose de las penas

El Departamento de Justicia detalló la gravedad de las posibles sentencias:

Las condenas por conspiración e intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada conllevan, cada una, una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta 250 mil dólares o ambas”.

A esto se suman las siguientes sanciones por delitos acumulados:

  • Tráfico de armas de fuego: Hasta 15 años de prisión y multa de 250,000 dólares.
  • Instigar compra mediante testaferros (paja): Hasta 15 años de prisión y multa de 250 mil dólares.
  • Declaración falsa material en la compra: Hasta 10 años de prisión y multa de 250,000 dólares.

Excélsior

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